REYNOSA: SENADO PIDE INVESTIGAR A FAM DE MAKI ORTIZ -TRATA DE BLANCAS-

NOTA DEL BLOG: SE LE COMPLICA LA SITUACION A MAKI ORTIZ:

 SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EXHORTAN A LA PGR A INVESTIGAR A LOS FAMILIARES DE MAKI ORTIZ -PRESIDENTA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS- A INVESTIGAR SOBRE ACUSACIONES SOBRE TRATA DE BLANCAS Y COBRO DE CUOTAS EN LA ZONA DE TOLERANCIA DE ESA CIUDAD FRONTERIZA

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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

A finales de diciembre del año 2017, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició una investigación por el presunto delito de trata de personas en inmuebles ubicados en la zona de tolerancia del municipio de Reynosa y que uno de dichos establecimientos es copropiedad de Carlos Luis Peña Garza, quien es cónyuge de la Alcaldesa de dicha demarcación, Maki Esther Ortíz Domínguez [*] . 

Sobre el particular, la Procuraduría Estatal señaló que la investigación se dio a partir de una denuncia pública en la cual se estableció la comisión de diversas irregularidades y probables delitos dentro de los inmuebles ubicados en la zona conocida como “Disneylandia” y que al menos uno es copropiedad del esposo de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, explicó que debido a la naturaleza de las conductas ilícitas, correspondería la intervención de las autoridades estatales y federales, sin que las últimas hubiesen sido notificadas.

Por último, precisó que se tiene conocimiento de que la propiedad corresponde a una donación realizada en el año 2012 en favor del cónyuge de la Alcaldesa y a dos de sus cuñados, destacando que la regulación administrativa y de vigilancia sanitaria en la zona de tolerancia le corresponde a una función municipal, es decir, a Maki Esther Ortíz Domínguez, quien en fecha posterior negó la responsabilidad de su esposo en las imputaciones formuladas.

No obstante, el 25 de enero del año 2018, derivado de una investigación periodística, nuevamente se volvió a señalar que Carlos Luis Peña Garza y su familia sí cobran cuotas en diversos bares y cuartos en los que se ejerce la prostitución. Lo anterior, con base al testimonio de una persona que incluso manifestó haber participado en la entrega del dinero recaudado a la familia por afinidad de la presidenta municipal [*] .

Dicho testimonio se contrapone a las declaraciones vertidas por la Alcaldesa de Reynosa, quien había negado que su esposo fuese el administrador del predio referido, y además aseguró que, aunque es de su propiedad, el mismo fue invadido. Sobre el último aspecto, resulta oportuno referir que no existe denuncia por el presunto despojo.

Sin embargo, el testigo aseguró conocer al cónyuge de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, al que manifestó apoyar cobrando rentas en establecimientos ubicados en la zona de tolerancia que se encuentra cerca del límite de la frontera con Estados Unidos, donde existen reiteradas denuncias sobre prostitución infantil, trata de personas, venta de drogas, actividades de los cárteles de las drogas, extorsión y presencia de distintas organizaciones criminales.  

Ante este panorama, es vital que los hechos sean esclarecidos con profesionalismo, objetividad, eficacia y respeto a los derechos humanos. Para ponderar la pertinencia del asunto, basta mencionar que la trata de personas (considerada como la esclavitud del siglo XXI), cuyo medio comisivo por excelencia es la fuerza o el engaño, constituye una problemática mundial que se actualiza en detrimento de la dignidad de millones mujeres, niñas, niños y hombres con múltiples propósitos.

Según especialistas es el tercer negocio ilícito más redituable a nivel mundial, sólo detrás del tráfico de drogas y armas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este ilícito comprende conductas que van desde el trabajo forzoso y el sexo, hasta otras formas de explotación como la pornografía, prostitución, abuso laboral, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. [*]

Por otro lado, resulta igual de importante precisar que si bien es cierto que todas las personas somos susceptibles de ser víctimas de este tipo de ilícitos, también lo es que son más vulnerables quienes forman parte de grupos poblacionales que sufren exclusión, discriminación, carencias económicas, precariedades afectivas y/o afectaciones emocionales.

Aunado a lo anterior, es pertinente referir que el artículo 1º de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella; precisando en su penúltimo párrafo que: Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Además, en su último párrafo prohíbe toda discriminación, entre ellas, la que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.

Dentro del mismo orden juicio nacional, contamos con un amplio cumulo de leyes para sancionar estas conductas, entre las que se encuentran: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por mencionar algunos.

En el contexto internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos [*] señala en su artículo 3 que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Por lo que respecta al objetivo del presente punto de acuerdo, el instrumento jurídico en comento, en su artículo 4, dispone que: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Además, en su artículo 5 señala que: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: