MAGNIFICO REPORTAJE SOBRE EL NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL NARCO EN TAMAULIPAS

Bajo el sol de mediodía unas 20 personas esperan en fila afuera del restaurante Piedras Negras. Aunque se trata de uno de los restaurantes más caros de Matamoros, los que hacen cola son campesinos o jornaleros, y uno que otro comerciante. Ellos no van al Piedras Negras a comer sino a platicar con don Juan, dueño del restaurante y con fama de cumplir los favores que la gente le pide. Alrededor de Juan Nepomuceno Guerra se cuentan esta y otras historias menos compasivas (como que mató a un hijo de Pancho Villa y balaceó a una de sus esposas por hablar con otro hombre), pero aún así conservó su fama de hombre justo y durante varios años fue jefe máximo en esta localidad de la frontera.
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A fines de los años veinte Juan y sus hermanos Arturo y Roberto contrabandearon tequila, whiskey y cerveza al norte del Río Bravo. A Texas llevaban alcohol, prohibido entonces en Estados Unidos por la Ley Volstead, y de allá traían dólares y diversos productos por encargo, como electrodomésticos y llantas. Cuando la ley seca fue derogada en 1933, Juan Nepomuceno —un hombre ya rico y famoso en Matamoros— agregó a sus actividades de contrabando el control de las casas de apuestas, la trata de personas y el robo de automóviles.
Para echar a andar sus lucrativos negocios Juan estableció una red de contactos políticos por toda la región noreste: mantuvo una estrecha amistad con caciques sindicales del ramo transportista y aduanero —como Agapito Hernández y Pedro Pérez—, y con gobernadores de Tamaulipas —como Norberto Treviño (1957-1963), Práxedis Balboa (1963-1969) y Enrique Cárdenas (1975-1981)—. El vínculo de Juan con el poder político local era tal que Roberto, su hermano menor, formó parte del gabinete estatal del gobierno de Balboa, y el hijo de éste —también de nombre Roberto— llegó a ser alcalde de Matamoros en 1984. Esta red de vínculos no se circunscribía al círculo regional, pues Juan también se relacionó con personajes de la política nacional como Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y Raúl Salinas Lozano.
Fue hasta mediados de la década de los setenta que la organización criminal de Juan Nepomuceno incursionó en el tráfico de drogas. A Juan la idea de entrar en este nuevo negocio le generaba dudas porque consideraba que los pondría en la mira de la Agencia de Control de Drogas estadunidense (DEA), pero como la propuesta fue de su sobrino y protegido Juan García Ábrego, Nepomuceno Guerra accedió con algunas condiciones. Primero, Nepomuceno no quiso participar directamente en las negociaciones con los cárteles colombianos, tarea que delegó a su sobrino; y segundo, sólo permitiría utilizar las redes de transporte y de protección gubernamental para mover las drogas, pero no intentaría recuperar cargamentos decomisados ni indagaría lo que pasaría con ellos. Pronto el narcotráfico probó ser altamente redituable y se convirtió en la actividad predominante del grupo delictivo, a tal grado que se le empezó a llamar el Cártel de Matamoros por sus vínculos con los cárteles colombianos.
Al concluir los ochenta los patrullajes de las autoridades estadunidenses dificultaban cada vez más a los colombianos transportar drogas por el Caribe. Las pérdidas de cargamentos eran tan altas que los hermanos Rodríguez Orejuela del Cártel de Cali ofrecieron a Juan García Ábrego una oferta irrechazable: el 50% de las utilidades si transportaba los cargamentos de drogas desde la frontera sur de México hasta Texas. Tal operación requeriría de coordinación logística a gran escala, compra de avionetas, construcción de pistas aéreas y bodegas clandestinas, sobornar a autoridades en la frontera sur, el noreste y a lo largo de la franja del Golfo de México. El Cártel de Matamoros quería dejar de ser una organización criminal regional subsidiaria de los cárteles colombianos para convertirse en un actor preponderante en el narcotráfico transnacional. El único inconveniente era Juan Nepomuceno, quien dudaba de la viabilidad del negocio.
Para lograr un ingreso triunfal al narcotráfico transnacional García Ábrego y sus socios se convencieron de que era necesario un cambio generacional en el liderazgo del cártel. Para relegar a su tío en la estructura jerárquica, Juan García empezó a contratar nuevos operadores en todo el país y a repartir el botín entre las autoridades, quienes ahora le rendirían cuentas a él. La influencia de Juan Nepomuceno menguó y se retiró pacíficamente del negocio —aunque se le siguió considerando como el patriarca del crimen organizado en Tamaulipas hasta su muerte en 2001.
Bajo el liderazgo de García Ábrego el ahora llamado Cártel del Golfo se convirtió en la organización criminal más poderosa del continente. Su éxito se debió a que aprovechó tres activos fundamentales. El primero de ellos es la privilegiada ubicación geográfica de Tamaulipas: una larga frontera con Estados Unidos y cuatro de los cruces fronterizos más activos del país (Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Reynosa); posee una extensa franja costera escasamente vigilada y es el punto más cercano entre Estados Unidos y los puertos del Pacífico y la frontera sur. El segundo activo fue la sólida red de complicidad con autoridades de todos los niveles que su tío construyó durante cinco décadas. Y el tercero fue que García Ábrego compensó la desventaja de que Tamaulipas no fuera un gran productor de drogas por medio de un acuerdo altamente provechoso con los colombianos.
Pero con el ascenso vino la notoriedad, y con ello el acoso de Estados Unidos. En 1993 el gobierno mexicano —presionado por Washington— creó un equipo especial de 50 agentes para detener a García Ábrego y en 1995 el FBI lo colocó entre los 10 más buscados —fue el primer narcotraficante en entrar en la lista—. A pesar de los esfuerzos la cacería se volvió frustrante. García Ábrego era un capo elusivo, siempre un paso adelante de quienes lo perseguían.
La suerte de García Ábrego se disipó con el cambio de gobierno. La administración de Zedillo requería un golpe de autoridad luego del levantamiento en Chiapas y los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, y la captura de García Ábrego significaría también una ruptura con el gobierno anterior, sobre el cual existía la sospecha de que había protegido al capo. Para lograr el arresto, el procurador Antonio Lozano Gracia creó un nuevo grupo policiaco de elite formado solamente por 15 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR). Para evitar las filtraciones de información no se involucró ni al Ejército, ni a la Marina, ni a la PGR, y la recolección de inteligencia estuvo a cargo de agentes encubiertos de la DEA. Al final, tal compartimentación informativa dio resultado. El 14 de enero de 1996 Juan García Ábrego fue arrestado en su rancho de Villa Juárez, Nuevo León, en un operativo en el que no se realizó un solo disparo. Al día siguiente, por temor a que se escapara, fue extraditado a Estados Unidos, donde se le dictó una sentencia de 11 cadenas perpetuas.

A la detención de Juan García Ábrego siguió una larga y compleja fase de recomposición al interior del Cártel del Golfo. García Ábrego no pudo designar a un familiar para ocupar el liderazgo del cártel porque el candidato natural, su hermano Humberto, estaba preso desde 1994. Forzado a romper con la sucesión familiar, desde prisión García Ábrego optó por su lugarteniente de mayor confianza, Óscar Malherbe, El Licenciado, quien duró escasos meses al frente del cártel pues fue detenido en febrero de 1997. Sin liderazgos de peso el Cártel del Golfo se fragmentó y se volvió un tanto anárquico: numerosos lugartenientes empezaron a operar de modo autónomo y fundaron ejércitos privados para defender sus cotos territoriales (en esos años surgieron Los Metros y Los Escorpiones en Matamoros, Los Rojos en Reynosa, y Los Tangos y Los Sierras en Tampico, varios de los cuales aún operan en Tamaulipas).
En medio del caos dos lugartenientes empezaron a destacar. Por un lado, Osiel Cárdenas, un hábil operador y negociador que empezó vendiendo drogas en su taller mecánico; y por el otro, Salvador Gómez, El Chava, un jefe de sicarios violento y cruel. El Chava, consciente de que solo no podría enfrentar al resto de los líderes locales para consolidarse al frente del cártel, vio en Osiel a un aliado que podía complementarlo y ayudarlo en su objetivo de convertirse en capo. Osiel, igual de ambicioso que El Chava, pensaba que sus habilidades de negociación serían útiles para coordinar las operaciones logísticas, mientras que El Chava se encargaría de mantener control en las plazas. Un factor adicional que operaba a favor de los dos era que para la PGR y la DEA la detención de García Ábrego había virtualmente borrado del mapa al Cártel del Golfo, por lo que ni Salvador ni Osiel figuraban aún en las listas de blancos prioritarios y podían operar con menos presiones. Y así, eliminando grupos antagónicos y comprando lealtades la mancuerna se afianzó al frente del cártel.
Pronto el acuerdo mostraría fisuras: Salvador pensaba que Osiel era un subordinado más que un socio, pues a fin de cuentas había sido él quien lo había invitado a su proyecto; y Osiel sentía que él hacía todo el trabajo, mientras que Salvador se dedicaba a gozar de los frutos del negocio. Osiel, a disgusto con el trato recibido y temeroso de ser eliminado por su socio, fue el primero en actuar. En 1998 encomendó a Arturo Guzmán Decena, un teniente desertor del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), que contratara a un grupo de sicarios para que lo custodiaran y poco a poco fueran aislando a Salvador Gómez y su gente. Guzmán Decena propuso contratar a 30 de sus antiguos compañeros del GAFE ofreciéndoles el triple del sueldo que recibían en la corporación, a lo que Osiel accedió. Los Zetas, como se le conocería a la guardia de Osiel, no tendrían par entre los brazos armados de los otros lugartenientes: habían recibido entrenamiento especializado de cuerpos de elite norteamericanos e israelitas sobre despliegue en terrenos hostiles, sabían utilizar artillería pesada, recolectar información de inteligencia y métodos avanzados de comunicación. Eran el componente perfecto para el plan de Osiel, pues sustituiría la mano ejecutora de Salvador Gómez con un refinado ejército que estaría totalmente bajo su control.
En julio de 1999 Osiel propuso a Salvador Gómez reunirse con él y otros lugartenientes en el puerto de El Mezquital, Tamaulipas, para discutir asuntos urgentes. Osiel recogió a Salvador en su camioneta para dirigirse al sitio de la junta y después de saludarlo, desde el asiento trasero Arturo Guzmán Decena apuntó a la cabeza de Salvador Gómez y lo ejecutó. Sin El Chava de por medio, Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, se convirtió en el capo del cártel, y Arturo Guzmán Decena, El Z1, en el líder de su implacable ejército de sicarios.

El surgimiento de Los Zetas significó un cambió paradigmático en las operaciones de los grupos narcotraficantes, pues inauguró la fase de la construcción de los ejércitos criminales profesionales. Los demás cárteles observaban con resquemor la manera en la que Los Zetas habían consolidado el control de Osiel Cárdenas en Tamaulipas, y lo habían extendido por el resto del Golfo de México y partes de la frontera sur; sobre todo les inquietaba la facilidad con la que habían desplazado a Los Valencia de Michoacán y habían abierto la ruta entre el Pacífico y el Golfo de México. Una muestra de la eficacia de Los Zetas ocurrió en 2001, cuando ingenuamente el Cártel de Sinaloa envió un contingente a Nuevo Laredo para apropiarse de la plaza, aprovechando que Osiel había enviado a Los Zetas a Michoacán. La respuesta de Los Zetas fue contundente, uno por uno los escuadrones de pistoleros fueron eliminados y el plan del Cártel de Sinaloa por establecerse en Tamaulipas terminó en un fiasco.
La paranoia de Osiel aumentó de forma proporcional a su poder. Evitaba dormir más de dos días en el mismo domicilio y temía ser traicionado por sus cómplices y sus colaboradores más cercanos, incluidas sus amantes. Para evitar filtraciones o traiciones Osiel exigió al Z1, su jefe de seguridad, que ejerciera un control absoluto en todas las áreas operativas del cártel, que investigara los antecedentes y el comportamiento de todos alrededor suyo y, ante la menor sospecha, no dudara en ejecutar al chivato. No quería ningún cabo suelto: además de sus contactos en el gobierno estatal y municipal, aprovechó los vínculos de Guzmán Decena con el Ejército para incorporarlos a la nómina del cártel, y contrató a reporteros y columnistas locales. Osiel intuía que para operar de manera tranquila no bastaba con la protección desde el poder político, sino que también era necesario que el cuarto poder lo ayudara a mantener un perfil bajo, sin escándalos que lo vincularan con la apabullante corrupción y violencia que se vivía en Tamaulipas.
Osiel Cárdenas convirtió al Cártel del Golfo en su empresa personal —como él la llamaba—, a Tamaulipas en su fortaleza, y a Los Zetas en la muralla protectora que lo resguardaba. Pero la influencia de Los Zetas iba más allá. Sus responsabilidades ya no se circunscribían a resguardar la vida del capo, sino que trascendían a todas las operaciones del cártel, desde los trasiegos de cargamentos de drogas hasta el pago de nóminas. En pocos meses Los Zetas construyeron bases de entrenamiento en lugares tan distantes como Chiapas, Guerrero y Veracruz; y lanzaron campañas de reclutamiento para atraer a más militares. Su modus operandi consistió en agrupar entre 10 y 15 hombres en “estacas”, las cuales se trasladaban a distintas ciudades —o “plazas”— para establecer control sobre todas las actividades criminales que ahí se desarrollaban. El procedimiento para hacerse del control era simple: se reunían con los líderes criminales locales para informarles que de ahora en adelante todos tendrían que cubrir una cuota dependiendo de su actividad; si el líder se negaba era ejecutado, si accedía, se le ofrecía protección frente a autoridades u otras bandas. Fue así que Los Zetas, al asociarse con criminales dedicados a distintas actividades, aprendieron a operar nuevas líneas de negocio que les permitieron diversificar sus fuentes de ingreso. En particular el servicio de protección ilegal mostró ser un área muy lucrativa, pues rápidamente la clientela se expandió de las bandas criminales a comerciantes informales y giros negros, y de ahí a cualquier tipo de comercio legítimo; es decir, integraron a su portafolio criminal la expoliación sistemática y generalizada de la sociedad civil.
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Para 2002 el virus de Los Zetas se había extendido desde Tamaulipas a Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco, y también hacia la zona occidental del país, a Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango y Baja California. Incluso se expandieron hacia Guatemala y empezaron a reclutar kaibiles, las fuerzas de elite especializadas en el combate a guerrillas. La introducción de los kaibiles significó otro cambio cualitativo en la violencia del narcotráfico que padecía nuestro país, pues importaron sus propias formas y métodos: más sanguinarios, menos sofisticados que los empleados por Los Zetas. Este cambio se reflejó en el volumen de notas periodísticas que reportaban el hallazgo de cuerpos decapitados colgados de puentes, de cabezas humanas en hieleras y de cuerpos descuartizados envueltos en sábanas. Posiblemente estos nuevos métodos cumplían una función práctica, como es el ahorro de municiones; pero lo más probable es que fueran utilizadas de manera simbólica, para enviar un mensaje a la víctima y a los rivales: si le faltaba la lengua o un dedo de la mano se trataba de un delator, si se amputaba el pene o los testículos significaba que la víctima no tuvo valor para cumplir un compromiso.
Osiel y Los Zetas transformaron la forma tradicional en la que operaban los cárteles en México. Pasaron de ser empresas jerárquicas predominantemente familiares y resguardadas por pistoleros amateurs, restringidas a un espacio territorial y a una actividad específica, a organizaciones más horizontales, que disponían de un brazo armado profesional, con agresivas aspiraciones expansionistas y con intereses en varias actividades criminales. Buena parte de esta transformación se debió a que Los Zetas inyectaron un marcado carácter territorial al negocio del narcotráfico, donde no era suficiente controlar puntos estratégicos de la ruta para transportar drogas, sino que había que controlarlo todo para minimizar los riesgos.
Pero el modelo empleado por el Cártel del Golfo y Los Zetas también tenía sus fallas. Una de ellas es que a falta de vínculos familiares que dieran certidumbre y confianza a las relaciones entre miembros cupulares, el Cártel del Golfo y Los Zetas recurrirían con mayor frecuencia a la violencia como método de disciplina y control interno, lo que a su vez generaba tensión entre sus miembros e inestabilidad en los liderazgos. Otro problema era que el uso indiscriminado de la violencia generaba temor e imposibilitaba la construcción de una base social que encubriera y apoyara sus actividades —activo de gran valor para los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez—. Finalmente, por lo general los otros cárteles reclutaban a sus miembros mediante referencias familiares o de amistad, de manera que si el desempeño del nuevo recluta no era satisfactorio se podía reclamar a quien lo había “apadrinado”. Estos controles en un principio se mantuvieron gracias a que Los Zetas sólo reclutaban militares y aplicaban una estricta disciplina militarizada, pero con el tiempo se fueron debilitando al incorporar en sus filas a cualquier criminal local que aceptara trabajar para ellos.

El 14 de marzo de 2003 Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en Matamoros. Osiel nombró a su hermano Antonio, Tony Tormenta, como su sucesor, aunque desde el penal de La Palma mantuvo las riendas del cártel. Los rivales de Osiel, en particular El Chapo Guzmán, de Sinaloa, y Vicente Carrillo, de Ciudad Juárez, consideraron que su detención les abría una oportunidad para finalmente establecerse en Tamaulipas. Por ello, a mediados de 2003 encargaron a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, que abriera la plaza comenzando por Nuevo Laredo. El Cártel del Golfo y Los Zetas respondieron a las agresiones de los cárteles de Sinaloa y Juárez abriéndoles frentes de batalla en sus propias plazas, lo que significó la propagación de la violencia por varios estados del país.
Según la narrativa oficial la violencia era producto del reacomodo de las bandas criminales y contra ello la respuesta más efectiva consistía en el reforzamiento de la seguridad enviando contingentes de fuerzas federales. En concordancia con esta lógica el gobierno federal lanzó el operativo México Seguro en junio de 2005, el cual logró sofocar el conflicto en Tamaulipas en pocos meses. Mientras en Michoacán se vislumbraba una nueva crisis en donde Los Zetas también eran protagonistas.
El papel preponderante que Los Zetas desempeñaron en estos años críticos reforzó en Heriberto Lazcano, El Lazca—líder de Los Zetas desde finales de 2004—, la convicción de que su grupo merecía un estatus mayor dentro del cártel, sobre todo en lo referente al gran negocio del narcotráfico, en el cual permanecían al margen. Tras la extradición de Osiel en enero de 2007 Lazcano intentó, sin éxito, establecer un nuevo acuerdo sobre la repartición de plazas y rutas de narcotráfico. En estos años las tensiones entre Los Zetas y el Cártel del Golfo aumentaron, al grado que con frecuencia sicarios de los dos grupos se enfrentaron en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. El enfrentamiento más significativo ocurrió el 24 de enero de 2010 en Reynosa, en el que resultó muerto Sergio Mendoza, El Concord 3, hombre cercano a Lazcano. En respuesta por el asesinato Lazcano lanzó un ultimátum para que el Cártel del Golfo entregara a los responsables; el plazo era de 24 horas, si no sufrirían las consecuencias. El plazo se cumplió y el Cártel del Golfo no entregó a los asesinos; en represalia, Lazcano ordenó la ejecución de 16 sicarios del Cártel del Golfo. Tamaulipas ardía de nuevo.

Con la escisión de Los Zetas del Cártel del Golfo inició de forma casi inmediata a uno de los conflictos más violentos en la historia del crimen organizado en el país. Originalmente el conflicto se expandió a todo el noreste. Sin embargo, en Nuevo León, que en un principio fue donde se registró el mayor repunte de la violencia, se ha observado una recuperación sostenida durante los últimos dos años. De las tres entidades en las que se concentró el conflicto entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, Tamaulipas es la única en la que se espera que el número de ejecuciones en 2014 sea mayor al registrado en 2012 (ver gráfica 1).
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El valor estratégico de los cruces fronterizos de la entidad probablemente sea el factor que explique la continuidad de la violencia. Tamaulipas es la principal ruta de acceso de sustancias ilícitas a territorio estadunidense (del total de cocaína confiscada por Sedena de 2006 a 2013 en los estados de la frontera norte, el 56% corresponde a Tamaulipas). Por lo tanto, la capacidad para operar en la frontera tamaulipeca genera enormes rentas para el crimen organizado.
Después del rompimiento con Los Zetas, el Cártel del Golfo quedó severamente debilitado. Sin embargo, se replegó a las ciudades fronterizas en las que tradicionalmente tuvo sus bases operativas (Matamoros, lugar de origen de Osiel Cárdenas Guillén, y Reynosa). La presencia en dichas ciudades permitió al Cártel del Golfo operar como una “caseta de cobro” de cargamentos de droga procedentes del todo el país, y mantener una fuente estable de recursos. Los Zetas, por su parte, ocuparon Nuevo Laredo. Finalmente, las poblaciones fronterizas de menor tamaño —particularmente la llamada “Frontera Chica”, al oeste de Reynosa, que incluye los municipios de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz— quedaron como zona de continuo conflicto entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. La disputa por ocupar posiciones a lo largo de dichas poblaciones incluye algunos de los capítulos más violentos de la historia del narcotráfico en México.
Por otra parte, el robo de hidrocarburos ha ofrecido a los cárteles que operan en Tamaulipas una oportunidad para diversificar sus ingresos. En la entidad hay una alta densidad de ductos, en muchos casos en la colindancia de ranchos y ejidos que han podido ocupar. Desde hace años las organizaciones criminales han intimidado y secuestrado a ingenieros de Pemex (lo que les permitió desarrollar el know how necesario para instalar tomas clandestinas en la región). La cercanía con la frontera también ha propiciado que las redes dedicadas al tráfico de drogas sean aprovechadas para exportar el combustible robado al norte de la frontera.

Al carácter estratégico dentro de las rutas de trasiego de drogas no es el único rasgo excepcional de Tamaulipas. En Ciudad Juárez la violencia era generada en gran medida por pandillas locales antagónicas (con el patrocinio de los cárteles de Juárez y de Sinaloa). En los municipios de Tierra  Caliente, en Michoacán, prácticamente en todas las comunidades existe una disputa entre los actores locales vinculados con Los Caballeros Templarios y aquellos que respaldan a las autodefensas. Por el contrario, en Tamaulipas los criminales no parecen contar con una “base social” amplia. Es decir, no han desarrollado una gran densidad de vínculos sociales y económicos que les permitan incorporar masivamente a la población en sus actividades. Por ejemplo, ni el Cártel del Golfo ni Los Zetas parecen llevar a cabo actividades regulares de reclutamiento en planteles escolares de la entidad, equiparables a las que realizaban Los Zetas en las escuelas de Michoacán. A diferencia de los capos de organizaciones como el Cártel de Sinaloa o Los Caballeros Templarios, los líderes criminales que operan en Tamaulipas no buscan aparecer como benefactores de la comunidad, sino que privilegian la intimidación e incluso el terror como mecanismos para someter a la población y conseguir su cooperación.
La limitada base social del crimen organizado ha acotado los conflictos entre organizaciones criminales. La violencia en Tamaulipas no tiene un carácter crónico, como el que observamos en Chihuahua, donde mes con mes, desde febrero de 2008, se han registrado como mínimo 50 ejecuciones; o Jalisco donde el número de ejecuciones se ha mantenido mensualmente por arriba de 30, desde enero de 2011. En contraste, en Tamaulipas los episodios de alta conflictividad se alternan con periodos en los que prácticamente no se registran ejecuciones (ver gráfica 2).
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El carácter “episódico” de la violencia en Tamaulipas sugiere que las principales organizaciones criminales con presencia en la entidad —es  decir, el Cártel del Golfo y Los Zetas, y las facciones que se han desprendido de ellos— no cuentan con recursos para sostener conflictos en el largo plazo. Por lo tanto, estas organizaciones siguen una estrategia de movilización de fuerzas y ataque a gran escala en las coyunturas en las que perciben que tienen más altas probabilidades de desplazar a sus rivales. El desplazamiento de grandes convoyes de sicarios (de hasta 50 camionetas) que se ha registrado al inicio de los episodios de mayor violencia muy probablemente forme parte de dicha estrategia. Asimismo, los criminales han tomado medidas para intentar controlar el ingreso al estado de personas que pudieran ser reclutadas como sicarios, como lo ilustran los secuestros y masacres colectivas de pasajeros de autobuses y otros medios de transporte.   

En Tamaulipas tampoco se cuenta con algunos de los activos que han permitido hacer frente a la violencia en otras entidades. Los testimonios de funcionarios públicos y líderes de opinión de Baja California, Chihuahua y Nuevo León, coinciden en señalar que la formación de coaliciones amplias de ciudadanos con la fuerza suficiente para exigir una respuesta eficaz de las autoridades (y con una participación destacada del sector empresarial) fue un elemento decisivo en la superación de las crisis de inseguridad que vivieron las tres entidades en años previos. Sin embargo, la sociedad civil organizada y la comunidad empresarial de Tamaulipas no han articulado un movimiento equiparable. La elevada incidencia de secuestros en Tampico propició, desde las fases tempranas de la crisis, que la comunidad empresarial de dicha ciudad, tradicionalmente la más boyante del estado, emigrara de forma masiva. Ante la magnitud del éxodo, un alto porcentaje de los negocios cerraron, y muchos inmuebles que fue imposible vender quedaron abandonados (muchos ya muestran un franco deterioro, particularmente en el Centro, donde se observan árboles creciendo en los cascarones de varios edificios históricos).
Tamaulipas es probablemente el estado del país en el que las agresiones en contra de periodistas han alcanzado mayor intensidad.  Las amenazas y los ataques a instalaciones de diarios locales —e incluso a las instalaciones de Televisa en Nuevo Laredo— generaron una marcada disminución de la cobertura a los hechos de violencia e inseguridad en el estado. La población de Tamaulipas ha recurrido a las redes sociales para compensar el vacío informativo, particularmente al perfil “Valor por Tamaulipas”, que difunde situaciones de riesgo. A pesar de que sus administradores también han sido víctimas de amenazas, el perfil actualmente tiene casi medio millón de likes en Facebook, y 82 mil 500 seguidores en Twitter (el gobernador Egidio Torre Cantú sólo tiene  mil 255). Sin embargo, la limitada cobertura de la prensa en Tamaulipas inevitablemente reduce la visibilidad de la crisis de seguridad en el estado, y lo coloca en desventaja frente a otras entidades en la competencia por el apoyo de las agencias federales de seguridad.
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Los arrestos de alto perfil que se han registrado a lo largo de 2013 y 2014 han contribuido a la fragmentación, tanto de Los Zetas como del Cártel del Golfo, en varias facciones y células antagónicas. Este escenario es parecido al que se observaba en Acapulco en 2010, después de que los principales líderes de la Organización de los Beltrán Leyva fueron capturados. La fragmentación extrema genera un alto riesgo de violencia, en tanto hay un mayor número de actores que se disputan el control de las rentas del narcotráfico.
En el caso de Los Zetas, el blanco más destacado ha sido Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, capturado en julio de 2013, con lo que su hermano, Omar Treviño Morales, quedó al frente de la organización. En los meses subsecuentes se registraron los abatimientos y capturas de varios líderes zetas en Tamaulipas, incluyendo a Román Ricardo Palomo Rincones, alias El Coyote, quien es identificado como el principal responsable de las masacres de migrantes en San Fernando. Por otra parte, la detención de Mario Ramírez Treviño, X20, en agosto de 2013, ocasionó la división del Cártel del Golfo en tres facciones: Los Metros, que operan en Reynosa; Los Ciclones, asentados en Matamoros; y el Cártel del Golfo-Sur, en Tampico. A pesar de esta distribución territorial, las relaciones entre las tres facciones han sido conflictivas, principalmente porque Homero Cárdenas Guillén —líder de Los Ciclones— ha intentado consolidarse como el único jefe del Cártel del Golfo. En noviembre de 2013 Los Metros se movilizaron a Matamoros con el propósito de ejecutar a Homero Cárdenas Guillén, quien, en respuesta, envió un contingente a Reynosa para eliminar a operadores rivales.
Después de algunos meses de relativa calma, en abril y mayo de 2014 la violencia exacerbada volvió a Tamaulipas. La detención, el 1 de abril, de Jesús Alejandro Leal, El Simple, líder de Los Metros, fue el evento que detonó este último escalamiento de la violencia. Los ataques que se desencadenaron con la captura de El Simple afectaron a varios municipios. En los dos meses subsecuentes (abril y mayo de 2014) se registraron al menos 10 ejecuciones en Ciudad Madero, Hidalgo, Miguel Alemán, San Fernando y Victoria. Sin embargo, la violencia se ha concentrado de forma notoria en Reynosa (donde se registraron 64 ejecuciones a los largo de los dos meses) y Tampico (45) (ver figura 1).
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En Reynosa han tenido lugar enfrentamientos principalmente entre Los Metros (el grupo que encabezaba El Simple) y Los Ciclones. Sólo en abril se registraron 10 balaceras, además siete narcobloqueos, varios de ellos con el propósito de obstaculizar el paso o circulación de las fuerzas federales que trasladaban a un líder del Cártel del Golfo. Asimismo, varios centros educativos suspendieron clases en virtud de la intensidad de los enfrentamientos.
En Tampico (al igual que en Altamira y Madero, que forman parte de la misma zona metropolitana) el escalamiento de la violencia se debe al enfrentamiento, al parecer, entre un bando integrado por los grupos Dragón y Sheyla, y otro por el Grupo del Chive o Fresitas. Algunos días los criminales anunciaron la realización de “toques de queda”, a efecto de paralizar la circulación por las calles de la ciudad. Los ataques también han incluido enfrentamientos, así como el incendio de establecimientos y comercios.

El homicidio de Rodolfo Torre Cantú, ocurrido en junio de 2010, puso de manifiesto la vulnerabilidad de las autoridades del estado frente al crimen organizado. Torre Cantú era el candidato puntero para la elección a gobernador que se llevaría a cabo ese año (y fue reemplazado en la candidatura por su hermano Egidio, actual gobernador). A cuatro años del atentado, desafortunadamente no parece que las máximas autoridades del estado cuenten siquiera con garantías respecto a su integridad personal. El pasado 5 de mayo fue ultimado, en Ciudad Victoria, Salvador Haro Muñoz, quien había sido nombrado jefe de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Unos días después la PGR ordenó la captura —por su presunta responsabilidad en el homicidio de Salvador Haro— de José Manuel López Guijón, quien fungía nada menos que como jefe de escoltas del gobernador. 
Una consecuencia grave, tanto de esta capacidad del crimen organizado para intimidar a las autoridades, como de la falta de presión por parte de la sociedad civil organizada y el sector empresarial del estado, ha sido la completa pasividad del gobierno, particularmente en materia de fortalecimiento institucional. Las autoridades de Tamaulipas no han tomado medidas similares a las que se impulsaron en otras entidades del norte para profesionalizar a las agencias de policías locales. Hasta septiembre de 2013 Tamaulipas era la entidad de todo el país en la que un menor número de elementos policiales habían presentado los exámenes de control de confianza correspondientes; sólo se contaba con 583 policías certificados y “confiables” para una población de más de tres millones de personas (en contraste, Nuevo León tenía más de 14 mil policías acreditados).
Desde abril de 2013 opera el mando único en los 43 municipios del estado. Sin embargo, esta decisión no refleja tanto la disposición de los municipios a colaborar en el combate al crimen organizado como su incapacidad o desinterés para asumir responsabilidades en la materia. En varios municipios, ante la evidente penetración del crimen organizado en las policías locales, las fuerzas federales se hicieron cargo durante meses de las labores de seguridad pública. Tal es el caso de Nuevo Laredo, donde los 600 elementos de policía municipal fueron desarmados y acuartelados por el Ejército en junio de 2011. No fue hasta septiembre de 2013, más de dos años después, que inició operaciones en el municipio la Policía Estatal Acreditable, aunque con sólo 130 elementos.
La ausencia de avances concretos en materia de fortalecimiento institucional se reflejó en el anuncio del gobierno federal, el pasado 27 de mayo, de desaparecer la Policía Ministerial del estado, así como de entregar a la Sedena la operación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) del estado, y de llevar a cabo una nueva capacitación de la Policía Estatal Acreditable.
La experiencia reciente en Tamaulipas también pone en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para desarrollar una estrategia que permita contener la violencia, incluso cuando ésta es previsible. Los ataques y balaceras que se han registrado en varios puntos de Tamaulipas no ocurren de forma discreta. Por el contrario, la actual crisis de inseguridad en Tamaulipas se ha caracterizado por un aparatoso despliegue de las facciones en conflicto. Como mencioné anteriormente, ha sido frecuente el desplazamiento de convoyes de varias decenas de camionetas con personas armadas. Tampoco es ningún secreto la ubicación de las redes de halcones que permiten a los criminales monitorear los movimientos de las autoridades y de sus rivales, a efecto de planear sus ataques. Los enfrentamientos más sangrientos, y que han contribuido en mayor medida al pánico, pudieron evitarse con el reforzamiento oportuno de la vigilancia en carreteras y en puntos estratégicos de las principales ciudades.

Como se describe en las páginas previas, el crimen organizado está bien plantado en Tamaulipas. La frontera fomentó el contrabando, y de forma temprana surgió una organización cohesionada y con un liderazgo fuerte, que dio origen al Cártel del Golfo. Dicho cártel fue pionero no sólo en el trasiego de drogas a gran escala en nuestro país, sino también en el desarrollo de un “brazo armado” con disciplina militar y alto poder de fuego: Los Zetas.
El Cártel del Golfo ha tenido desde sus orígenes una estrecha relación con las autoridades del estado. Sin embargo, al menos con la creación de Los Zetas (que en buena medida fueron reclutados dentro de las propias filas del Ejército y fuera de Tamaulipas) perdió los vínculos con la comunidad que existieron en los tiempos de Juan Nepomuceno Guerra. Los narcos ya no son queridos en Tamaulipas (si alguna vez lo fueron). Con el rompimiento entre el liderazgo tradicional del Cártel del Golfo y Los Zetas inició una espiral de conflictos y violencia que ha propiciado el incremento de los delitos predatorios, en especial la extorsión y el secuestro, y ha devastado la actividad económica en el estado.
El más reciente escalamiento de la violencia es probable que pase pronto (aunque junio de 2014 inició con nuevos narcobloqueos en la zona metropolitana de Tampico). Sin embargo, si no se toman medidas de fondo, el próximo conflicto entre las numerosas facciones de Los Zetas y el Cártel del Golfo que en la actualidad operan en Tamaulipas inevitablemente generará una nueva crisis. Hace falta mucho por hacer y las perspectivas no son positivas; actualmente, la posición de las autoridades locales, más que de complicidad, parece de impotencia o subordinación frente a los criminales; mientras que el gobierno federal tiene otros frentes que atender. La solución, muy probablemente, surgirá junto con un liderazgo capaz de articular el repudio de los ciudadanos hacia la violencia.

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Consultor en seguridad de www.lantiaconsultores.com.
Agradezco el valioso apoyo que me brindaron Roberto Arnaud y Roberto Valladares para elaborar este artículo.