La iniciativa fue presentada al pleno por la diputada Susana Hernández Flores, quien en la exposición de motivos señala que en México, más de la mitad de los internos en Centros de Ejecución de Sanciones se encuentran en calidad de procesados sin haber recibido sentencia por las que sean declarados culpables, situación que también priva en Tamaulipas.

Consideró también el hecho de que el sistema penitenciario se rige bajo estereotipos de género: “lo que lleva a que las autoridades actúen de manera más severa contra las mujeres, situación que les convierte en víctimas de malos tratos, violencia física y psicológica y discriminación, conductas totalmente inaceptables”.

Las mujeres internas, además de la privación de la libertad, carecen también de las condiciones necesarias para su desarrollo personal durante el tiempo que permanecen en reclusión, y las situaciones por las que fueron llevadas a prisión no son atendidas, pues sucede que en la mayoría de los casos han sido víctimas de violencia de género, tanto en los ámbitos familiar como social.

En innumerables casos, las mujeres internas padecen enfermedades propias del género, como cáncer mamario o cérvicouterino, osteoporosis y otras, lo que hace aún más difícil el internamiento y su tratamiento médico; así como el adecuado seguimiento de los casos de embarazo. NOTA DEL BLOG: COMO SI ESTA SRA SUSANA N SUPIERA QUE TODAS LAS INTERNAS SON VIOLADAS Y OBLIGADAS A PROSTITUIRSE ADENTRO DE LOS PENALES DE TAMAULIPAS O se trata de madres de menores, que no tienen alternativa más que tener a sus hijos viviendo con ellas, dentro de los reclusorios; circunstancia por demás inadecuada tanto para sus hijos como para ellas.

Esta problemática afecta en su respectivo roll de género a la población penitenciaria masculina, por lo que se requiere de atención en igualdad de condiciones, en lo procedente.

Ante esta situación resulta urgente aplicar políticas públicas efectivas, programas educativos, promoción del autoempleo, pláticas motivacionales y otros, que den cumplimiento a las recomendaciones formuladas a las autoridades por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; inclusive, que sean certificados en estas actividades, para poder desempeñar, ya en libertad, actividades que les permitan ingresos decorosos para ellos y sus familias.

Hernández Flores señaló que desde el Congreso, se debe analizar el orden jurídico vigente relativo al tema, “tarea a la que desde hoy manifiesto mi interés en desarrollar, buscando consensos con las diferentes expresiones políticas representadas en este Congreso, y con las autoridades competentes en la materia, para, entre otros efectos, agilizar la revisión de expedientes, para hacer expedita la obtención de beneficios de libertad, de manera especial a primodelincuentes no sentenciados”.